La Procuraduría General de la Nación negó haber solicitado la suspensión del proceso de amojonamiento (Los mojones son estructuras en piedra que demarcarán el territorio bajireño) que se realiza en Belén de Bajirá, con el cual quedaría marcado el límite entre los departamentos de Antioquia y Chocó, el cual se inició el pasado jueves 5 de abril.
El ente de control respondió así a una presunta intervención de un funcionario de la Gobernación de Antioquia quien habría afirmado que la Procuraduría sabotearía este proceso mientras el Consejo de Estado y el Congreso se pronuncien sobre los reclamos que hace Antioquia para que el corregimiento le sea devuelto al departamento paisa.
La Procuraduría informó que este viernes 6 de abril se llevó a cabo una reunión de varios directivos de la Procuraduría, entre ellos el Viceprocurador General de la Nación, Juan Carlos Cortés González; con el secretario General de la Gobernación, Javier Mauricio García, y el subsecretario Jurídico, Carlos Arturo Piedrahita, en la cual los funcionarios antioqueños anunciaron la radicación de un oficio solicitando la intervención del Ministerio Público ante el inicio del proceso de amojonamiento, según informó la Procuraduría.
En la cita, igualmente, “se expusieron algunos argumentos de la posición de Antioquia en este tema y se manifestaron inquietudes por la suspensión de servicios a cargo de esa entidad territorial, una vez concluido el amojonamiento”, relató la Procuraduría en un pronunciamiento público.
El ente de control reiteró su compromiso por acompañar el proceso de disputa territorial que vive Belén de Bajirá, que de haber sido por años corregimiento del municipio de Mutatá puede pasar a ser definitivamente corregimiento de Riosucio, municipio del Chocó.
La Procuraduría manifestó su interés de “garantizar las coberturas y servicios a que tienen derecho los habitantes de la zona y propender por la superación de conflictos, así como prevenir agitaciones sociales, en tanto las autoridades públicas adoptan las decisiones de su competencia” y reiteró que “no ha pedido suspender procedimiento administrativo alguno en esta materia”.
Finalmente, anunció que investigará la conducta del servidor público que pretenda desautorizar o entorpecer la gestión de autoridades públicas, pues considera que es conducta “atenta contra la ley”.
Cortesía: periódico El Colombiano
