Una comisión especial de la Procuraduría tiene la misión, desde ayer, de investigar si existe una red de corrupción integrada, al parecer, por gerentes, directivos, servidores públicos y contratistas de la red de hospitales públicos de Antioquia.
De acuerdo con un documento del Ministerio Público al que tuvo acceso EL COLOMBIANO, la indagación preliminar estará en manos del Procurador Delegado para la defensa del patrimonio público, el Procurador Delegado para la contratación estatal y el Delegado para la Salud.
Ellos tomaron como punto de partida para sus investigaciones, las denuncias hechas por el concejal Bernardo Alejandro Guerra, quien en diferentes escenarios ha denunciado supuesto tráfico de influencias y detrimento del patrimonio público.
“La indagación tiene el propósito de identificar a los presuntos autores de los hechos denunciados, verificar la ocurrencia de la conducta y determinar si es constitutiva de falta disciplinaria”, dice el documento.
Los centros de salud en los que habría actuado la red de corrupción son el Hospital La María y el General de Medellín, además de los centros de salud de los municipios de Turbo, Puerto Nare, Puerto Berrío, Caucasia, Santa Fe de Antioquia, El Peñol, Itagüí, Caldas, Bello y Yolombó.
Lo que se investiga
La Procuraduría pidió a sus delegados revisar en el Sistema Electrónico para la Contratación Pública, Secop, los registros de contratos realizados en los hospitales mencionados desde el año 2013.
Además, hacer una visita especial a las contralorías Departamental de Antioquia y Municipal de Medellín, para determinar qué auditorías e investigaciones fiscales se han adelantado sobre servidores públicos vinculados, especialmente, con el Hospital General de Medellín y el de Turbo.
Según las denuncias, el actual gerente del Hospital General y exgerente del Hospital de Turbo, Jesús Eugenio Bustamante Caro, realizó varios procesos de contratación indebida en ambas instituciones.
En la queja ante la Procuraduría, el concejal señaló que la elección de Bustamante como gerente del Hospital General fue sospechosa, pues obtuvo el máximo puntaje posible en la prueba. Y agrega que cuando fue gerente del Hospital de Turbo, nombró como su segundo al mando a Marco Fidel Suárez, representante legal de una firma con la que el hospital tenía un contrato vigente por $1.500 millones.
Otro de los hechos denunciados hace alusión a que, mientras fue gerente en Turbo, Bustamante “no publicó en el Secop por más de un año los procesos contractuales que adelantó”.
Presuntos implicados
En la red que investiga la Procuraduría están, además de los nombres ya mencionados, el exasesor del hospital de Itagüí Misael Cadavid, quien luego reemplazó a William Marulanda en la gerencia del Hospital La María.
Según la orden de indagación de la Procuraduría, Cadavid contrató como subgerente a Horacio Gallego (aunque en el documento original de la Procuraduría aparece con otro apellido*), quien luego fue declarado insubsistente por celebrar contratos con su propia esposa. Y nombró como asesor jurídico a Juan Fernando Londoño, quien tenía una empresa inmobiliaria que habría triplicado el valor que el hospital pagaba por un arrendamiento.
Los Procuradores también investigarán si es cierto que en el Hospital General, durante la era Bustamante, hubo peticiones de renuncia al personal directivo, nombramiento de concejales en ejercicio e ingreso de medicamentos sin legalización y trazabilidad del Invima.
EL COLOMBIANO buscó al gerente Bustamante para conocer sus opiniones sobre este proceso que inició la Procuraduría, pero no logró establecer comunicación con él.
Sin embargo, en varios comunicados y entrevistas concedidas este año, el funcionario ha defendido su gestión diciendo que no ha sido condenado por ningún ente .
*En el auto de apertura de la indagación preliminar, página 2, aparece el nombre de Horacio Gallón, en lugar de Horacio Gallego. Este último fue el que trabajó como subgerente del Hospital La María de Medellín.
