Asfixiada por las deudas ($42.709 millones), sin recursos para financiar la operación anual ($17.000 millones) y acorralada por el embargo de sus cuentas, la IPS Universitaria anunció la terminación del contrato de operación en el hospital Antonio Roldán Betancur de Apartadó.
Según Marta Ramírez Orrego, directora de la entidad, solo se prestarán servicios en ese centro hasta el próximo martes. Son atendidos, en promedio, 90 pacientes cada mes con 100 camas disponibles.
“El dolor es que la especialidad del hospital es materno infantil. La región va a quedar desprotegida en una zona que tiene la tasa de mortalidad perinatal (mortalidades entre las 22 semanas de gestación y los siete días de nacido) más complicada de Antioquia”, dijo.
Ramírez precisó que a noviembre de 2018 recaudaron $14.046 millones y se realizaron pagos por $30.351 millones, lo que significa que la institución subsidió esta sede con $17.654 millones. “El 40 % de la deuda es de Savia Salud. El plan de salvamento de Savia debe avanzar porque si no va a arrastrar toda la red”, añadió.
El plan de las autoridades
El alcalde de Apartadó Eliécer Arteaga Vargas dijo que a pesar de la finalización de la operación por parte de la IPS Universitaria desde que el hospital fue liquidado (2013), se tomó la decisión de no cerrar la edificación y buscar otro operador desde el 16 de enero.
Anunció mejoras en la infraestructura del hospital y la gestión de recursos ante la Gobernación para la construcción de uno nuevo. Aseguró que ya tienen garantizados $20.000 millones para la primera etapa del complejo que valdría $50.000 millones.
Asimismo, dijo que pidió un estudio jurídico para determinar la viabilidad de un proyecto de acuerdo que busque recuperar el liquidado y desaparecido hospital público.
El secretario de Salud y Protección Social de Antioquia, Carlos Mario Montoya, dijo por su parte que la red hospitalaria continúa disponible para atender cualquier contingencia que se presente con la actual crisis de la IPS.
“Hemos tratado de buscar operadores para el hospital de Apartadó, pero ha sido difícil porque los públicos tienen un alto riesgo económico. Estamos buscando una solución pronta con el alcalde”, dijo.
El secretario añadió que la sugerencia a la administración municipal es que declare la urgencia manifiesta para agilizar la consecución del operador que suceda a la IPS.
Esperando fin de la vacancia
El Juzgado 17 Civil del Circuito de Oralidad Medellín decretó una medida cautelar y avaló el embargo de cuentas de la IPS Universitaria, dentro de un proceso ejecutivo en el que la organización Anestesiar es la demandante.
La medida cobijó dos cuentas: una, del giro que, a través del Adres (anterior Fosyga), le debe consignar Savia Salud a la IPS, por $7.000 millones; y el giro de la Seccional de Salud por $2.000 millones.
La IPS interpuso una acción de tutela contra el mandamiento de pago pero esta no fue estimada. Por ello, se debe esperar hasta que culmine la actual vacancia judicial (los juzgados abren de nuevo el lunes 14 de enero ) para buscar una salida jurídica.
Actualmente, la Clínica León XIII solo está atendiendo las cirugías de hospitalización, mientras que las ambulatorias que no son urgentes se están reprogramando.
Hasta el viernes pasado había 34 pacientes en urgencias, 410 personas hospitalizadas (76 menos que el 25 de diciembre) y 65 pacientes en las unidades de cuidados especiales e intensivos.
Según Ramírez, los $7.000 millones girados por el Gobierno Nacional solo alcanzaron para cubrir los salarios de noviembre de los 3.500 empleados de la entidad. Dijo que aún está a la espera de pagar la nómina de diciembre y las deudas con los proveedores.
Cortesía: periódico Elcolombiano
